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Miami. Otra vez el
congreso de México dejó pasar una oportunidad única para aprobar el
voto de los mexicanos en el extranjero. No es ningún regalito
navideño. Se trata de un derecho garantizado por la constitución
mexicana pero que requiere que se legisle y se ponga en la práctica
antes de las próximas elecciones presidenciales.
El objetivo es que 10
millones de mexicanos, nacidos en México pero que viven en Estados
Unidos y en otros países, puedan votar desde el extranjero para
escoger al presidente de México en julio del 2006. No es nada nuevo;
69 países en el mundo le permiten a sus ciudadanos votar en el
exterior. ¿Por qué México no? Porque sus legisladores llevan más de
12 años dándole largas al asunto y evadiendo su responsabilidad.
Como triste ejemplo basta
recordar lo que acaba de ocurrir en el último día de sesiones del
2004 en la camará de diputados de México. En un hecho sin
precedentes, dos comisiones –la de Gobernación y la de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios- aprobaron por unanimidad una
propuesta de ley que permitiría el voto en el exterior. La
propuesta le daría credenciales a todos los posibles votantes,
permitiría hacer campaña a los candidatos en el extranjero y pondría
urnas en cualquier población donde hubiera más de 15,000 mexicanos.
Hasta ahí todo iba bien.
Este avance había sido
posible gracias al enorme esfuerzo de la mayoría de los 100
consejeros del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) que
financiaron sus viajes a la ciudad de México y sus gastos de comida
y hotel con su propio dinero para cabildear a los congresistas.
“Noviamos con todos los partidos y con el gobierno”, me dijo Julio
Cesar Aragón, uno de los consejeros. “Al diputado que salía de la
cámara, lo comprometíamos, le robábamos la firma, le tomábamos una
foto y lo grabamos.” Así consiguieron los votos necesarios en las
comisiones, pero aún faltaba lo más difícil.
La propuesta de ley para el voto de
los mexicanos en el extranjero llegó al pleno de la cámara de
diputados, donde se leyó por primera vez a las 8;50 de la noche del
martes 14 de diciembre. Pero luego, para aguar la fiesta, varios
diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) dijeron que no estaban listo para
votar y pospusieron el voto en el pleno de la cámara hasta febrero
del 2005.
Se necesita que tres cuartas partes de
los 500 diputados aprueben la propuesta. Sin embargo, la
politiquería típica de la cámara y las visiones míopes pudieran
descarrilarla antes de que llegara al Senado de México para su
ratificación final. Mientras tanto, nada es seguro; la esperanza es
lo que más rápido muere en México.
Hasta ahora la actitud de los
diputados y senadores de México respecto a los mexicanos que viven
en el extranjero ha sido francamente hipócrita. Les encanta que
estos mexicanos envíen sus dólares al país, pero no están dispuestos
a permitirles votar. El ingreso de esas remesas –17 mil millones de
dólares, según cálculos del Banco de México- ya es superior a lo que
México obtiene del petroleo y del turismo.
El miedo a aprobar el voto en el
exterior se explica de muchas maneras. En una elección presidencial
muy cerrada –como seguramente será la del 2006- algunos temen que
pudieran ser los mexicanos en el exterior, y no los mexicanos que
viven en México, los que decidieran al ganador. Eso sería un
cuchillazo al corazón del nacionalismo mexicano y una reafirmación
de la globalización de la política. La nación mexicana hace mucho
que desbordó sus fronteras; uno de cada cinco mexicanos vive fuera
de México.
Pero también hay otras razones que
explican el retraso y el temor al voto que viene de fuera.
Representantes del PRI sospechan que muchos mexicanos que se fueron
del país lo hicieron durante sus gobiernos autoritarios y corruptos
y que, al momento de votar, lo harían contra ellos. Asímismo,
líderes panistas tienen miedo que la casi absoluta falta de
protección que sufren los mexicanos en Estados Unidos ante el
racismo, la discriminación y las leyes de inmigración, se traduzca
en un voto en contra. Pero, en realidad, nadie sabe a ciencia cierta
cómo votarían los mexicanos en el exterior.
No quiero trivializar el asunto. Los
obstáculos son enormes: es cierto que será muy complicado el proceso
de credencialización de millones de mexicanos que viven fuera; el
Instituto Federal Electoral (IFE) quiere una millonada –270 millones
de dólares para ser exacto- para organizar unas votaciones a prueba
de fraude en el exterior; muchos indocumentados serían presa fácil
del nuevo servicio de inmigración de Estados Unidos si se ponen en
fila en las calles el día de votación; y sería muy difícil controlar
los gastos de campaña, la publicidad y la injerencia de otros países
en el extranjero. Pero no por difícil debe ser descartado.
¿Acaso no existen en México
funcionarios capaces de sacar adelante un proyecto de esta
envergadura? ¿Es México un país de políticos mediocres con mentes
chiquitas ? ¿Podrá el congreso mexicano salir de la parálisis de los
últimos cuatro años? ¿Le queda poder político al presidente Vicente
Fox para empujar por el congreso el voto en el exterior? Estas
preguntas, más que reflejar una crítica, presentan un reto.
Los mexicanos que están de este lado
ya han hecho todo lo que está de su parte. Ahora le falta responder
a los congresistas, al gobierno y a los funcionarios electorales que
están allá en México. Pero la pregunta es si podrán con el paquete.
Mientras tanto, los mexicanos en el
extranjero siguen esperando; es la espera interminable. |
